CIERRE DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES EN LOS PAISES BAJOS

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En relación con las noticias aparecidas comunicando el cierre de la adopción internacional en los Países Bajos como consecuencia de un informe oficial que indica que, entre 1967 y 1998, se produjeron tráfico de menores, falsificación de documentos y otras irregularidades en procesos de adopción internacional con determinados países y, ante la gravedad de afirmaciones como las de Arum Dohle, fundador de la organización “Against Child Trafficking” de que la Convención de La Haya sobre adopción internacional del año 1993 ha fracasado, y como las de la organización “Save the Children” que aboga por una regulación efectiva para asegurar que en el proceso de adopción no existe beneficio comercial o criminal, fraude, tráfico infantil ni engaños a los padres biológicos, la FIDECAI informa:

1º.- La Convención de La Haya de 1993 reguladora de la adopción internacional, se suscribió, precisamente, para atajar de forma efectiva, cualquier situación de abuso o tráfico de menores que se estuviera produciendo bajo el término “adopción”. La referida convención se suscribió por un gran número de países y, progresivamente, se han ido adhiriendo muchos otros, de tal forma que, en la actualidad, se puede afirmar que, adopción internacional solo puede producirse entre países miembros o, bien, con países no miembros con los que es obligado suscribir un convenio que regule el trámite.

2º.- La adopción internacional entre los países miembros, se aplica subsidiariamente, es decir, que para que un menor pueda ser adoptado internacionalmente, es indispensable que se hayan agotado todas las posibilidades de poder ser adoptado o acogido en su país de origen. Dicha norma, se aplica de forma tan exhaustiva que, incluso podríamos afirmar que, en muchas ocasiones, los menores resultan perjudicados ya que, cuando finalmente se abre su adopción a otros países, ya es un niño/a muy mayor y/o ha pasado por varias familias nacionales, y eso siempre tiene consecuencias negativas.

3º.- En España, los costes de la adopción internacional, están absolutamente regulados por la administración pública, por lo que la entrega de cantidades no justificadas, no es posible.

4º.- Los Organismos Acreditados (OOAA) están supervisados por la administración pública y deben de presentar memorias anuales y están sujetos a auditoria anual.

5º.- Los procesos en los países de origen, por los que se determinan el adoptabilidad de los menores, están controlados por la administración pública española, que es quien determina si se puede o no adoptar en determinados países, y supervisada por los propios OOAA, que deben informar si observan cualquier irregularidad en los procedimientos del país de origen.

6º.- Tras la adopción de un/a menor, se preserva toda la información que se pudiera tener sobre el mismo, con el fin de facilitar una búsqueda de orígenes si, llegada a su mayoría de edad, quisiera iniciarla el adoptado.

7º.- Todas las familias que se ofrecen para la adopción, tienes que seguir, obligatoriamente, cursos de formación en los que se les prepara para que, ineludiblemente, informen a sus hijos, de la forma más adecuada, de su condición de adoptado.

En definitiva, sobre las afirmaciones que se llevan a cabo en los artículos de prensa, en lo que se refiere a los años 1967 a 1988 y en los Países Bajos, la FIDECAI no se pronuncia por no referirse a nuestro país y desconocer la documentación en que se funda.

Sin embargo, por lo que se refiere a las afirmaciones de Against Child Trafficking y de Save the Children, sobre cómo se llevan a cabo en la actualidad los procesos de adopción internacional, las consideramos inexactas y evidencian un verdadero desconocimiento de lo que están tratando y, consideramos de gran irresponsabilidad generalizar, como lo hacen, condenando, orbis et orbe, unos procesos que se llevan a cabo de forma profesional, transparente y, sin duda alguna, en beneficio, de los derechos de los menores que carecen de familia.
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